Más allá de cualquier juicio de valor al respecto, hay algo indiscutible: los últimos cuatro años y medio de la historia económica argentina han quedado impregnados por la impronta de la administración Kirchner, a través de la puesta en marcha de un esquema de política económica cuya principal virtud fue la flexibilidad. Aunque, por las mismas razones, su principal defecto fue el elevado nivel de discrecionalidad e improvisación.
Si se miran sólo los cuatro años y medio en cuestión, los resultados obtenidos son muy atractivos. Pero cuando se considera un período más extenso, se perciben varias señales de alerta y ajustes pendientes que reducen el atractivo y amenazan la sustentabilidad del proceso.
En el plano estrictamente estadístico, los números ‘fríos’ cuentan que durante el período considerado la economía argentina acumuló un crecimiento real de casi 45% (a una tasa equivalente anual de 8,5%), la desocupación bien medida pasó de afectar a 22,6% de la población económicamente activa a sólo 9,6%, el ahorro primario del sector público nacional pasó de 0,7% del PIB (2002) a casi 3% y hubo una significativa mejora de todos los indicadores sociales.
En tanto que, al ponerlos en perspectiva e incluir en el análisis la crisis de ’01-’02, se puede advertir lo siguiente:
A) Casi 60% del crecimiento económico señalado fue, en realidad, recuperación. Es decir, la verdadera tasa de crecimiento real fue de 3,2% real anual.
B) Más de 30% de los puestos de trabajo generados fueron informales y/o de trabajadores independientes. En lo que respecta a los puestos formales, una porción importante fueron de baja productividad y, por lo tanto, con baja remuneración real.
C) Más de 100% del ahorro público generado fue financiado con mayor presión impositiva. Básicamente se cubrió con impuestos distorsivos (retenciones s/exportaciones e impuesto al cheque).
Si se considera lo que viene, se pueden agregar las siguientes consideraciones:
A) La tasa de inflación ya roza 20% anual y tiene espacio para seguir acelerándose.
B) Fuerte distorsión del sistema de precios y consecuente generalización de subsidios.
C) Inversión en infraestructura insuficiente y crecientes problemas de abastecimiento energético.
D) Baja elasticidad de las exportaciones con relación al crecimiento, a pesar del ‘tipo de cambio alto’.
E) Tasa de inversión productiva incompatible con el ritmo de crecimiento.
F) Deterioro del ahorro agregado.
G) Deterioro institucional.
H) Baja captación de inversión extranjera directa.
En síntesis, hasta ahora la economía argentina se recuperó y creció, de la mano del manejo de la coyuntura local, del consumo de los stocks disponibles (en infraestructura y energía) y de la innegable ayuda de la coyuntura internacional. Pero, está claro que esta ‘forma de crecimiento’ no es sostenible en el mediano-largo plazo.
Un proceso de expansión sostenible requiere un replanteo profundo del ‘modelo’. En particular, la reformulación debe incluir una desaceleración vía una mayor austeridad fiscal (por racionalización del gasto, preferentemente) y una política monetaria orientada al objetivo inflacionario, saneamiento institucional, ajuste de precios distorsionados, eliminación progresiva de los impuestos distorsivos y replanteo de la relación con el mercado, entre los principales ajustes pendientes.
Continuar insistiendo con lo mismo no constituye una buena opción. El estilo presidencial demostró ser apto para administrar la recuperación (2003-2005), pero no para lograr un “proceso de largo aliento”. En particular, el crecimiento sostenible tiene la especial característica de no ser inflacionario.
Si se miran sólo los cuatro años y medio en cuestión, los resultados obtenidos son muy atractivos. Pero cuando se considera un período más extenso, se perciben varias señales de alerta y ajustes pendientes que reducen el atractivo y amenazan la sustentabilidad del proceso.
En el plano estrictamente estadístico, los números ‘fríos’ cuentan que durante el período considerado la economía argentina acumuló un crecimiento real de casi 45% (a una tasa equivalente anual de 8,5%), la desocupación bien medida pasó de afectar a 22,6% de la población económicamente activa a sólo 9,6%, el ahorro primario del sector público nacional pasó de 0,7% del PIB (2002) a casi 3% y hubo una significativa mejora de todos los indicadores sociales.
En tanto que, al ponerlos en perspectiva e incluir en el análisis la crisis de ’01-’02, se puede advertir lo siguiente:
A) Casi 60% del crecimiento económico señalado fue, en realidad, recuperación. Es decir, la verdadera tasa de crecimiento real fue de 3,2% real anual.
B) Más de 30% de los puestos de trabajo generados fueron informales y/o de trabajadores independientes. En lo que respecta a los puestos formales, una porción importante fueron de baja productividad y, por lo tanto, con baja remuneración real.
C) Más de 100% del ahorro público generado fue financiado con mayor presión impositiva. Básicamente se cubrió con impuestos distorsivos (retenciones s/exportaciones e impuesto al cheque).
Si se considera lo que viene, se pueden agregar las siguientes consideraciones:
A) La tasa de inflación ya roza 20% anual y tiene espacio para seguir acelerándose.
B) Fuerte distorsión del sistema de precios y consecuente generalización de subsidios.
C) Inversión en infraestructura insuficiente y crecientes problemas de abastecimiento energético.
D) Baja elasticidad de las exportaciones con relación al crecimiento, a pesar del ‘tipo de cambio alto’.
E) Tasa de inversión productiva incompatible con el ritmo de crecimiento.
F) Deterioro del ahorro agregado.
G) Deterioro institucional.
H) Baja captación de inversión extranjera directa.
En síntesis, hasta ahora la economía argentina se recuperó y creció, de la mano del manejo de la coyuntura local, del consumo de los stocks disponibles (en infraestructura y energía) y de la innegable ayuda de la coyuntura internacional. Pero, está claro que esta ‘forma de crecimiento’ no es sostenible en el mediano-largo plazo.
Un proceso de expansión sostenible requiere un replanteo profundo del ‘modelo’. En particular, la reformulación debe incluir una desaceleración vía una mayor austeridad fiscal (por racionalización del gasto, preferentemente) y una política monetaria orientada al objetivo inflacionario, saneamiento institucional, ajuste de precios distorsionados, eliminación progresiva de los impuestos distorsivos y replanteo de la relación con el mercado, entre los principales ajustes pendientes.
Continuar insistiendo con lo mismo no constituye una buena opción. El estilo presidencial demostró ser apto para administrar la recuperación (2003-2005), pero no para lograr un “proceso de largo aliento”. En particular, el crecimiento sostenible tiene la especial característica de no ser inflacionario.
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